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El legislador sostuvo que cualquier retención realizada fuera de esas causales constituye una actuación contraria al ordenamiento jurídico y a los criterios establecidos por el máximo intérprete de la Constitución.

Los legisladores tomaron como referencia la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero ampliaron el número de disposiciones modificadas, pasando de dieciocho a alrededor de veinticuatro, abarcando temas como difamación, hostigamiento cibernético, ultraje, corrupción, responsabilidad empresarial y otros delitos.

La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, junto con la solicitud de apertura a juicio contra los imputados, a quienes el órgano persecutor atribuye su participación en una estructura que operaba mediante el pago de sobornos a funcionarios responsables de áreas de seguridad institucional.

Crespo señaló que una mayor inversión en educación y prevención contribuiría a reducir significativamente las muertes, lesiones y los costos que asume el Estado para atender a las víctimas.